La justicia concede la pensión de viudedad de una mujer que se casó con su marido cuatro días antes de su muerte

EDUARDO ROMERO – 01/07/2019

Eduardo Romero. -El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha desestimado el recurso de suplicación contra una sentencia (sentencia 410/2019 de 29 de mayo de 2019, Rec. 292/2019) que otorgaba el derecho a la pensión de viudedad a una mujer que se había casado con su marido cuatro días antes de su fallecimiento.

En el recurso, interpuesto por el Instituto Nacional y la Tesorería General de la Seguridad Social contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Santander, se intentaba acreditar que la pareja no había cumplido el requisito mínimo de dos años de convivencia, hecho que no pudo ser demostrado. Sin embargo el tribunal cántabro rechaza en su sentencia (cuyo texto puede consultar aquí) esta justificación y cree la versión de la mujer, porque, como concluyen los magistrados, “nada impide ni hace imposible que, residiendo con su pareja, se desplazase a cuidar a los dependientes, a otro domicilio de la misma localidad”.

Empadronamientos distintos

La actualmente viuda había contraído matrimonio con su pareja en el año 2018, habiendo mantenido una relación que se remontaba a los años 80. Apenas cuatro días después de consumarse, el marido falleció por una enfermedad común previa al matrimonio.

En primera instancia, el Juzgado de lo Social estimó la demanda interpuesta por la viuda, a quien se le reconoció el derecho a percibir una pensión vitalicia a contar desde el día siguiente al fallecimiento del marido.

Se pone en tela de juicio la convivencia de los esposos

El marido estaba empadronado en una dirección determinada que era el hogar familiar de la pareja. La esposa tenía consignado su domicilio en otra dirección distinta, donde no vivía, pero sí acudía habitualmente a atender a su madre y hermano. La mujer afirma haber vivido desde los años 80 con su marido, hasta su fallecimiento, aunque no conste documental administrativa u oficial que recoja un domicilio común.

Frente a esta decisión, la Seguridad Social formula recurso con amparo en el artículo 193.b) de la LRJS, proponiendo modificación del relato fáctico, impugnando el hecho de la convivencia, siendo objeto del litigio dilucidar la convivencia entre ambas partes al menos dos años antes del matrimonio.

Establece la sentencia que es reiterado el criterio jurisprudencial y de esta Sala que, para acceder a la revisión solicitada, se precisa documental fehaciente o prueba pericial, que sin precisar conjetura alguna acredite error evidente del Juzgador y que sea relevante al recurso. No trascendiendo al extraordinario recurso planteado el resultado de prueba testifical o declaración de partes (STS/4ª de 16-10-2018, rec. 1766/2016). En este caso, el Juzgador de instancia concluye de la testifical que vivían en el domicilio del esposo, no siendo ninguna de las documentaciones cita fehaciente para evidenciar su error, según dispone el art. 196.3 LRJS.

Añade el TSJ que “Nada impide ni hace imposible que, residiendo con su pareja, se desplazase a cuidar a los dependientes, a otro domicilio de la misma localidad”.

Acreditación de convivencia

Para el acceso a la pensión de viudedad, la reiterada jurisprudencia aclara que el “El criterio sentado puede resumirse del siguiente modo: 1º) la situación que se examina se encuadra en la vía matrimonial para el acceso a la prestación de viudedad, condicionándose el derecho a la pensión vitalicia a la acreditación de «un periodo de convivencia… en los términos establecidos en el párrafo cuarto del apartado 3, que, sumado al de duración del matrimonio, hubiera superado los dos años», sin que en forma alguna sea también exigible -para esa convivencia prematrimonial- el requisito de inscripción o escritura pública, que es propio de la pensión correspondiente a la «pareja de hecho» (STS/4ª de fecha 15-11-2017 (rec. 3903/2016).

A ello se suma el hecho de que la convivencia puede acreditarse no solo a través del certificado de empadronamiento, sino mediante otros medios de prueba admisibles en Derecho. En este caso se aportaron además testamento del fallecido y prueba de cuentas bancarias comunes a ambas partes.

¿Matrimonio de conveniencia?

Otro de los supuestos que plantea el ordenamiento en estos casos es el riesgo de un matrimonio de conveniencia, contraídos con el único fin de devenga una pensión de viudedad cuando se teme el inminente fallecimiento del causante. Por este motivo, se viene exigiendo una doble cautela.

En primer lugar, el transcurso del ya citado plazo de dos años de convivencia anteriores al matrimonio o la existencia de hijos comunes. En segundo, que la enfermedad común de la que derivó la muerte haya tenido su origen antes de la celebración del matrimonio.

Casos en los que podría producirse la denegación

Recientes resoluciones como la sentencia del TSJ de las Islas Baleares del 7 de mayo (cuyo texto puede leerse aquí) pone de manifiesto una situación parecida en la que se produjo la denegación de la pensión. En este caso, el Registro Civil autorizó la celebración del matrimonio pero el novio falleció unos días antes del acontecimiento.

Aunque la novia solicita la pensión de viudedad porque considera que los contrayentes ya prestaron su consentimiento durante la tramitación del expediente gubernativo, no es equivalente al consentimiento formal que se expresa al tiempo de contraer matrimonio.

http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14146-la-justicia-concede-la-pension-de-viudedad-de-una-mujer-que-se-caso-con-su-marido-cuatro-dias-antes-de-su-muerte/

 

Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Sala de lo Social, Sentencia 410/2019 de 29 May. 2019, Rec. 292/2019

Ponente: Fernández García, María Jesús.

Nº de Sentencia: 410/2019

Nº de Recurso: 292/2019

Jurisdicción: SOCIAL

ECLI: ES:TSJCANT:2019:229

PENSIÓN DE VIUDEDAD. Se concede a la actora una pensión vitalicia puesto que contrajo matrimonio 4 días antes del fallecimiento causado por una enfermedad anterior, pero se ha probado que vivía en el mismo domicilio con él desde la década de los 80. Es intrascendente que tuviese domicilios administrativos distintos, pues ha de atenderse a las circunstancias del caso y era razonable que atendiese a su hermano y a su madre en otra casa de la misma localidad a raíz de un ictus de aquél y que, por lo tanto, estuviese de alta como cuidadora no profesional en ese domicilio. Su casa principal lo fue con su marido. No hay fraude.

El TSJ Cantabria desestima el recurso de suplicación interpuesto por el INSS y declara el derecho a la pensión vitalicia de viudedad.

TEXTO

SENTENCIA nº 000410/2019

En Santander, a 29 de mayo del 2019.

PRESIDENTA

Ilma. Sra. Dª. Mercedes Sancha Saíz

MAGISTRADOS

Ilmo. Sr. D. Rubén López Tamés Iglesias

Ilma. Sra. Dª. MARIA JESUS FERNANDEZ GARCIA (Ponente)

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria compuesta por los Ilmos. Sres. citadas al margen, ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de suplicación interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº. Cuatro de Santander, ha sido Ponente la Ilma. Sra. Dª. MARIA JESUS FERNANDEZ GARCIA, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Según consta en autos se presentó demanda por Dª. Benita , siendo demandados Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, y en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de referencia en fecha 18 de febrero de 2019 , en los términos que se recogen en su parte dispositiva.

SEGUNDO.- Como hechos probados se declararon los siguientes:

1º.- Reconocimiento de pensión de viudedad temporal .

El INSS reconoció a D.ª Benita una pensión de viudedad de carácter temporal con efectos económicos desde el 25 de mayo de 2018, base reguladora de 1.180,11 € y porcentaje del 52%.

(Medios de prueba: expediente administrativo, además de no ser hechos controvertidos).

2º.- Matrimonio.

D.ª Benita y D. Eduardo contrajeron matrimonio el 20 de mayo de 2018.

(Medios de prueba: expediente administrativo, además de no ser hechos controvertidos).

3º.- Fallecimiento por enfermedad previa .

  1. Eduardo falleció el día 19 de junio de 2018 a consecuencia de una enfermedad común previa al matrimonio.

(Medios de prueba: expediente administrativo, además de no ser hechos controvertidos).

4º.- Convivencia antes del matrimonio .

D.ª Benita y D. Eduardo iniciaron una relación sentimental en la década de los 80, manteniendo desde entonces una unión estable y con convivencia, la cual se desarrolló en la AVENIDA000 , NUM000 , NUM001 – NUM002 , de Reinosa (domicilio donde D. Eduardo estaba empadronado).

(Medios de prueba: testificales; testamento de D. Eduardo -folio 31 vuelto-; y certificado de convivencia -folio 76-).

D.ª Benita tenía consignado su domicilio en la CALLE000 NUM003 de Reinosa en diversos documentos: justificante de solicitud de jubilación -folio 69-; certificado de empadronamiento -folio 76-, y recibos bancarios -folio 88 vuelto-.

. D.ª Benita y D. Eduardo tenían cuentas bancarias comunes.

(Medios de prueba: folios 107 y ss-).

En la CALLE000 NUM003 de Reinosa no vivía la demandante, si bien acudía habitualmente a atender a su madre y hermano, quienes vivían allí junto con su hermana Sabina , quien a partir del ictus sufrido por su hermano, se vino a Reinosa en 2007 para atender su cuidado junto con la actora -que era la cuidadora principal-.

(Medios de prueba: testificales e informe social de Trabajo Social del Centro de Salud de Campoo -folios 104 y 105-).

5º.- Reclamación previa .

La parte actora formuló reclamación previa contra la resolución del INSS de 19 de junio de 2018, en solicitud del reconocimiento de una pensión vitalicia. La reclamación fue desestimada por resolución de 10 de septiembre de 2018.

(Medios de prueba: expediente administrativo, además de no ser hechos controvertidos).

TERCERO.- En dicha sentencia se dictó el siguiente fallo o parte dispositiva:

«En atención a lo expuesto, se estima la demanda presentada por D.ª Benita contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y, en consecuencia:

1.Se declara el derecho de D.ª Benita a percibir una pensión vitalicia de viudedad con una base reguladora de 1.180,11 euros al porcentaje del 52% y efectos económicos desde el 25 de mayo de 2018, más los incrementos y revalorizaciones que legalmente correspondan.

2.Se condena las demandadas a abonar a la actora la indicada pensión de viudedad.»

CUARTO.- Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandada, siendo impugnado por la parte contraria, pasándose los autos a la ponente para su examen y resolución por la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia de instancia estima la demanda, reconociendo a la actora la prestación de viudedad, a consecuencia del matrimonio con el causante, fallecido días después de contraerlo, debido a enfermedad previa al matrimonio. Dado que considera acreditado el cumplimiento del único requisito cuestionado en el expediente tramitado, a través del resultado de prueba testifical, de un periodo de convivencia con el causante, al menos, dos años previos al matrimonio. De hecho, afirma que ha sido así desde los años 80, hasta el fallecimiento de aquél.

Puesto que niega que otros posibles medios de prueba tales como certificado de empadronamiento, sean precisos, al efecto, según doctrina jurisprudencial y de esta sala que refiere; y, ello, aunque, a consecuencia de las circunstancias a enfermedad de la madre y hermano de la actora, les cuidase en su domicilio que compartían con otra hermana, en Reinosa. Lo que no impide la convivencia con su pareja en el domicilio de éste, en la AVENIDA000 NUM000 , NUM001 – NUM002 , de Reinosa. Valorando otros documentos que también lo avalan, tales como certificado de convivencia de la policía local (f. 76) o el testamento del causante, cuentas bancarias comunes; y, fundamentalmente, declaraciones testificales aportadas por la demandante. Aunque no conste documental administrativa u oficial que recoja un domicilio común, constando otros documentos (certificado de empadronamiento, convenio especial de cuidadora no profesional de la actora, documentos bancarios y solicitud de jubilación, en los que consta otro), pues, el hecho de que mantuvieran domicilios administrativos separados puede deberse a razones diversas y ajenas al objeto de este procedimiento.

Frente a esta decisión formula recurso la representación letrada de las entidades demandadas, con amparo en el apartado b) delartículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) , proponiendo la modificación del relato fáctico, en dos motivos.

1.- Con relación al hecho declarado probado tercero, citando como fundamento documental de su pretensión, la solicitud de viudedad de la actora (f. 1 del exp.), certificado de defunción del esposo (f. 6) y certificado de empadronamiento (f. 9). Propone su modificación, con el siguiente texto literal:

«D. Eduardo falleció el día 24 de mayo de 2018 a consecuencia de una enfermedad común previa al matrimonio».

A tal efecto, la recurrida no niega este dato. Y, puesto que, también destaca en su propuesta la parte recurrente, la duración de días de la convivencia matrimonial. En nada altera el signo del fallo de esta resolución, siendo un mero error subsanable, la constatación de otra fecha del fallecimiento, que se procede a rectificar. Pero, que no trasciende al recurso, como en los motivos siguientes se verá.

2.- Siguiendo con los motivos de revisión fáctica, la parte recurrente impugna el hecho declarado probado cuarto, en sus puntos 1, 3 y 4. El punto 1, por ser, pretendidamente, predeterminante del fallo. Siendo lo controvertido, no que hayan mantenido una relación sentimental desde los años 80, sino la convivencia. Todo ello, con cita de documental consistente en los documentos nº 1, 9, 10, 12 y 39 del expediente tramitado; solicitud de la actora de información de jubilación, DNI de la interesada, núm. de cuenta bancaria del f. 107 y 113; así como, la obrante a los folios 65, 66, 68 y 70 de las actuaciones. Proponiendo su redacción siguiente:

«Dª. Benita y D. Eduardo iniciaron una relación sentimental en la década de los 80, manteniendo desde entonces una relación estable» (punto 1).

«Dª. Benita y D. Eduardo tenían una cuenta bancaria en común» (punto 3).

«En la CALLE000 NUM003 de Reinosa estaba empadronada la demandante donde atendía a su madre y hermano, quienes vivían allí también junto con su hermana Sabina , quien a partir del ictus sufrido por su hermano se vino a Reinosa en 2007, para ayudar a su cuidado junto con la actora que era la cuidadora principal.

Dª. Benita ha venido cotizando al Convenio Especial de cuidadores no profesionales desde el 9 de junio de 2007 hasta el 28 de febrero de 2017, fecha de la extinción por adquirir la condición de titular de una pensión de jubilación; ello como consecuencia del reconocimiento por parte del Gobierno de Cantabria de la condición de persona dependiente de D. Cornelio -hermano de la demandante-, percibiendo, por ello, además, una prestación económica.

El domicilio donde vivía D. Cornelio era el sito en la CALLE000 nº NUM003 , Reinosa».

Es reiterado el criterio jurisprudencial y de esta Sala que, para acceder a la revisión solicitada, se precisa documental fehaciente o prueba pericial, que sin precisar conjetura alguna acredite error evidente del Juzgador y que sea relevante al recurso. No trascendiendo al extraordinario recurso planteado el resultado de prueba testifical o declaración de partes ( STS/4ª de 16-10-2018, rec. 1766/2016 (LA LEY 168558/2018) ). Por incumbirle en exclusiva la valoración conjunta de lo actuado al magistrado de instancia, en virtud del art. 97.2 LRJS (LA LEY 19110/2011) , sin que frente a sus conclusiones sean prevalentes las interesadas de parte del mismo activo probatorio conjunto.

En cuanto a la concreta propuesta de la recurrente, es objeto del litigio la convivencia de la actora o no con el causante, al menos dos años antes del matrimonio. Por haberse celebrado su matrimonio, cuatro días antes del fallecimiento del causante, causado por enfermedad previa al matrimonio.

Por ello, puede excluirse del hecho cuarto, la palabra «convivencia», de su párrafo 1º. Pero, puesto que el resto del relato queda subsistente, dado que con claridad el Juzgador de instancia concluye de la testifical (y otras documentales aportadas que obvia o resta importancia la recurrente, en este motivo), que vivía en el domicilio de la AVENIDA000 NUM000 , NUM001 – NUM002 de Reinosa. No siendo ninguna de las documentales que cita fehaciente para evidenciar su error al así concluirlo, según dispone elart. 196.3 LRJS (LA LEY 19110/2011) . Puesto que ninguna de las citadas (que la actora en formularios administrativos hiciese constar otro, en su DNI, empadronamiento…), acredita con tal carácter fehaciente que no fuese cierto que, de hecho, vivía, años antes del fallecimiento, en el referido domicilio; que también lo era del esposo.

Por lo tanto, solo en dicha precisión de restar el término convivencia, puede ser atendida, por ser predeterminante del fallo. Pero quedando subsistente que la actora vivía en el indicado domicilio, como su esposo, años antes del matrimonio. No es trascendente al recurso. No pudiendo atenderse el resto de sus propuestas, por valorar en conjunto la documental que cita el Juzgador de instancia, junto con el resultado de otras pruebas (especialmente testifical) que también apoyan su versión. Al no ser fehacientes a determinar que realmente su domicilio era desde los años 80, el de su madre y hermano.

SEGUNDO.- Con amparo procesal en la letra c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011), la parte recurrente denuncia infracción de lo establecido en el artículo 219, de la Ley General de la Seguridad Social , Texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (LA LEY 16531/2015). Puesto que la actora tiene reconocida administrativamente, pensión temporal de viudedad, del art. 222 LGSS , pretendiendo que no concurren los requisitos del citado, para acceder a la pensión vitalicia, por no haber acreditado convivencia con el fallecido por un periodo que supere los dos años, sumandos a los de duración del matrimonio (cuatro días). Contrayendo el matrimonio el día 20 de mayo de 2018 y falleciendo el causante el día 24, siguiente. Discrepando de la valoración de la prueba realizada por el Juzgador de la instancia, sobre esta convivencia. Destacando la relación directa y de amistad o parental de los testigos con la actora, cuyas declaraciones entrarían en contradicción con la documental a que antes aludía (en los motivos de revisión fáctica). No negando que la relación sentimental se produjera en la década de los años 80; pero, sí la citada convivencia. Destacando el domicilio que consta en gran parte de la documental aportada de la actora en el que convive con su familia (madre y hermanos), siendo cuidadora no profesional, en ella, de personas dependiente, en su DNI, solicitudes administrativas por ella presentadas, cuentas bancarias…. Con obligación de los afiliados a notificar a la administración cambios de domicilio o demás variaciones de datos. Situación (alta como cuidadora no profesional) en que estuvo desde el 9-6-2007 a 28-2-2017.

Exigiéndose el requisito de la citada convivencia para evitar fraudes, debido a que se trata de fallecimientos debidos a enfermedad previa al matrimonio. Solicita la revocación de la recurrida y su absolución de las pretensiones deducidas en su contra. No considerando acreditado el requisito necesario de la convivencia con el causante, dos años previos al matrimonio.

No obstante, el hecho que la recurrida no niega que la actora haya sido cuidadora no profesional de su hermano y madre, dependientes, en CALLE000 NUM003 de Reinosa. Incluso posibles incumplimientos de determinadas obligaciones sobre comunicación de variación de datos como afiliada a un determinado régimen de la Seguridad Social. No impide, ni convierte en evidente el error del Juzgador al atender a la prueba testifical practicada, para concluir que su verdadero domicilio o donde residía era en otro de Reinosa, que el sito en AVENIDA000 , NUM000 , NUM001 – NUM002 . El mismo en que residía su pareja sentimental, desde los años 80.

Nada impide ni hace imposible que, residiendo con su pareja, se desplazase a cuidar a los dependientes, a otro domicilio de la misma localidad. Especialmente, valorando la recurrida que, coincidente con el ictus sufrido por el hermano, pasó a convivir en el mismo domicilio familiar otra hermana que colabora en su cuidado. Circunstancias todas, solo evaluables (como antes se ha expuesto), en la instancia. No existiendo tacha de testigos en el proceso laboral ( art. 92.2 LRJS (LA LEY 19110/2011) ), e incumbiendo la declaración, a quien la realiza, su relación con la actora…, en el acto del juicio oral, según los principios de inmediación, concentración y oralidad del art. 74 LRJS (LA LEY 19110/2011) .

Solo al Juzgador de instancia, salvo documental fehaciente directa y clara (que no es la citada), en que se limita a constatar un domicilio a cada efecto que pretende la actora (afiliación, DNI, jubilación) que ella misma proporciona. Pero, que no evidencia error al considerar probado que, en realidad, su domicilio era otro. El indicado en la recurrida, en el que convivía con el esposo fallecido.

Por lo que no habiendo tenido éxito la revisión fáctica propuesta por la recurrente, su recurso carece de sustento en que apoyarse. Quedando subsistente los elementos necesarios para concluir que la actora vivía en el mismo domicilio que el causante, desde los años 80, en que comenzó su relación sentimental. Sin que el fraude se presuma, sino que precisa prueba por quien lo invoca ( STS/4ª de 27-4-2000, rec. 2634/1999 (LA LEY 8121/2000) ).

La cuestión ha sido objeto de numerosa y reiterada jurisprudencia y pronunciamientos de esta sala. Así, en STS/4ª de fecha 15-11-2017 (rec. 3903/2016 (LA LEY 172244/2017) ), se declara:

«El criterio sentado puede resumirse del siguiente modo: 1º) la situación que se examina se encuadra en la vía matrimonial para el acceso a la prestación de viudedad, condicionándose el derecho a la pensión vitalicia a la acreditación de «un periodo de convivencia… en los términos establecidos en el párrafo cuarto del apartado 3, que, sumado al de duración del matrimonio, hubiera superado los dos años», sin que en forma alguna sea también exigible -para esa convivencia prematrimonial- el requisito de inscripción o escritura pública, que es propio de la pensión correspondiente a la «pareja de hecho» cuyo miembro supérstite pretende el derecho a la pensión, y cuya razón de ser -acreditación fehaciente del compromiso de convivencia- ya está cumplidamente atendido por el propio matrimonio posterior; 2º) la convivencia puede acreditarse no sólo a través del certificado de empadronamiento, sino mediante otros medios de prueba admisibles en Derecho.

(…), la demandante tiene derecho a lucrar la pensión de viudedad al haber acreditado la convivencia anterior al matrimonio con la duración requerida por la norma a través de diferentes medios de prueba admitidos en Derecho, con fuerza suficiente como para llevar al juzgador a esa convicción, respetada por la Sala de suplicación»

La STS/4ª de fecha 15-12-2014 (rec. 536/2014 (LA LEY 204427/2014) ), aclara esta doctrina en el sentido:

«La literalidad de la norma es demostrativa que el legislador «ha establecido, como posibles vías de acceso del miembro supérstite de la pareja a la pensión de viudedad causada por el premuerto, dos tipos distintos de vínculo jurídico previo entre ambos: a) el matrimonio [último párrafo del art. 174.1 LGSS en relación con los párrafos anteriores del mismo apartado, que utilizan la palabra «cónyuge»], y b) la pareja de hecho debidamente «legalizada» ó inscrita [párrafo cuarto del art. 174.3 en relación los párrafos anteriores del mismo apartado 3]. A partir de aquí, es preciso distinguir con claridad -sin mezclarlos ni confundirlos- los requisitos requeridos para el devengo de la prestación a través de cada una de las vías, o relaciones jurídicas, expresadas (…).

Esto sentado, queda claro asimismo que el último párrafo [o sea, el tercero] del apartado 1 contempla también la relación matrimonial -y no otra alguna- como vía de acceso a la pensión vitalicia de viudedad. Pero, con el fin de evitar los matrimonios «de conveniencia», contraídos precisamente con el único fin de devengar una pensión de viudedad cuando se teme el próximo fallecimiento del causante [interpretación teleológica que complementa a la literal – art. 3.1 «in fine» del Código Civil (LA LEY 1/1889) -], se estableció una doble cautela: por un lado, que durante un plazo anterior de duración razonable -fijado en dos años en conjunción con la del matrimonio si ésta última hubiera sido menor de un año- hubieran convivido los cónyuges, o que hubiera habido hijos comunes; y en segundo término, que la enfermedad común de la que derivó la muerte del causante haya tenido su origen antes de la celebración del matrimonio. Se trata de un supuesto especial, como lo revela la frase -«en los supuestos excepcionales…»- con la que se inicia el párrafo; pero el supuesto está comprendido, sin duda alguna, dentro de la vía matrimonial por la que se accede al devengo de la prestación. Y solo en el caso de que no concurran todos los condicionamientos establecidos en este último párrafo del art. 174.1, es cuando se devenga únicamente la pensión con duración de solo dos años, conforme al nuevo art. 174.bis».

Y «es, a su vez, el apartado 3 del art. 174 el que regula la otra vía de acceso a la pensión vitalicia de viudedad: la «pareja de hecho» que define el párrafo cuarto de este apartado. Dicho párrafo cuarto consta de dos incisos: el primero de ellos se extiende desde el inicio del párrafo hasta el primer punto y seguido, y en él se describe qué es lo que se entiende, a efectos legales, por «pareja de hecho», así como el tiempo de permanencia en esta situación que se requiere para devengar la pensión por esta vía; y el segundo inciso [desde dicho primer punto y seguido hasta el final del párrafo] está encaminado a determinar cuál es la forma -o más bien el medio adveratorio- que el legislador ha establecido para acreditar la existencia real de la expresada relación jurídica consistente en la pareja de hecho; pero queda lo suficientemente claro que la totalidad del párrafo cuarto del art. 174.3 que comentamos está regulando, única y exclusivamente, la situación de pareja de hecho, sin referirse para nada a la matrimonial. Así lo pone indudablemente de manifiesto la dicción literal -«a efectos de lo establecido en este apartado…», esto es, el apartado 3- con el que se inicia el párrafo»».

Las precedentes indicaciones nos llevan a desestimar el recurso y confirmar la recurrida que no incurre en la infracción de normas citadas. Porque si el derecho a la pensión en las singulares situaciones matrimoniales que se examinan [fallecimiento por enfermedad común previa al matrimonio que no hubiese alcanzado el año de duración] se sujeta a haberse acreditado «un periodo de convivencia… en los términos establecidos en el párrafo cuarto del apartado 3 -vigente artículo 219.2 LGSS /2015 (LA LEY 16531/2015)-, que, sumado al de duración del matrimonio, hubiera superado los dos años», está claro que con tal mandato el legislador únicamente está imponiendo que se cumpla el expresamente citado requisito de la convivencia [por dos años, menos la duración que haya tenido el propio matrimonio], a justificar por el correspondiente empadronamiento u otro singular medio de prueba, conforme a la referida doctrina jurisprudencial reiterada, sin necesidad de otros requisitos ni del requisito de inscripción o escritura pública, que son exigencias propias de la pensión correspondiente a la «pareja de hecho» cuyo miembro supérstite pretende el derecho a la pensión, y cuya razón de ser [acreditamiento fehaciente del compromiso de convivencia] ya está cumplidamente atendido por el propio matrimonio posterior; porque -insistimos- el supuesto de que tratamos se encuadra en la vía matrimonial para el acceso a la prestación de viudedad.

Siendo ello así, como quiera que, en el presente litigio, la pensión se ha causado por la vía de relación matrimonial regulada en el apartado 1, último párrafo, del citado art. 219 LGSS , debe llegarse a la conclusión en el sentido de que, para la acreditación del período convivencial inmediatamente anterior a la celebración del matrimonio «no se requiere la excesiva rigidez formal…, sino que basta para su adveración con acudir a cualquiera de los medios probatorios admitidos en Derecho» ( STS/4ª de fecha 26-1-2011 rec. 1556/2010 (LA LEY 2910/2011) ). Tal y como consta en la sentencia recurrida por prueba documental y testifical está acreditada la convivencia en el mismo domicilio que el causante desde los años 80, pruebas consideradas suficientes por el Juez de instancia para acreditar la realidad de esta convivencia, sin que sea legalmente exigible otro medio de prueba para acreditar la convivencia.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Desestimamos el recurso de suplicación formulado por INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL frente a la sentencia del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de los de Santander de fecha 18 de febrero de 2018 , en virtud de demanda instada por Dª. Benita contra las entidades recurrentes, en reclamación de seguridad social y, en consecuencia, confirmamos la sentencia recurrida.

Pásense las actuaciones al Sr. Letrado de la Administración de Justicia para cumplir los deberes de publicidad, notificación y registro de la sentencia.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma.

Medios de impugnación

Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina, que habrá de prepararse mediante escrito, suscrito por Letrado, presentándolo en esta Sala de lo Social de Cantabria, dentro del improrrogable plazo de los diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de la misma, con tantas copias como partes recurridas, y designando un domicilio en la sede de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, a efectos de notificaciones.

Advertencias legales

Si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia y no ostentara la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia gratuita, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en esta Sala el importe de la condena. Pudiendo sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social, una vez se determine por ésta su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente que no ostente la condición de trabajador, causahabiente suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, o se trate del Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, los Organismos dependientes de todas ellas y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita, deberá acreditar, mediante resguardo entregado en la secretaria de esta Sala de lo Social al tiempo de preparar el recurso, la consignación de un depósito de 600 euros.

Los ingresos a que se refieren los párrafos anteriores se deberán efectuar del siguiente modo:

Si se efectúa en una oficina del BANCO DE SANTANDER se hará en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que esta Sala tiene abierta con el nº 3874 0000 66 0292 19

Si se efectúa a través de transferencia bancaria o por procedimientos telemáticos, se hará en la cuenta bancaria (ES 55)0049 3569 92 0005001274, haciendo constar en el campo reservado al beneficiario el nombre de esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, y en el campo reservado al concepto el número de cuenta 3874 0000 66 0292 19.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales, para su debida ejecución, al Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN .- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, por el Ilmo/a. Sr/a. Magistrado Ponente que la suscribe, en la sala de audiencia de este Tribunal. Doy fe.

 

http://diariolaley.laley.es/Content/DocumentoRelacionado.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1CjUwMDAzMTA2MjNWK0stKs7Mz7MNy0xPzStJBfEz0ypd8pNDKgtSbdMSc4pT1ZJzUhOLXBJLUp0Tc1LzUhKLbEOKSlMBZ-YepUsAAAA=WKE